El Fondo de Cultura Económica (FCE) fue ratificado y fortalecido como el principal organismo del Estado responsable de la edición, distribución y promoción de la lectura, a partir de una reforma a su marco jurídico emitida por el Ejecutivo federal. El decreto, publicado el 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y suscrito por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, actualiza las bases legales que rigen a la institución para ampliar formalmente su alcance y funciones.
La modificación recae en el artículo 2 del decreto original de 1994 y tiene como propósito adecuar las atribuciones del FCE a la política educativa y cultural vigente, así como a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Con este ajuste normativo, el organismo obtiene respaldo jurídico expreso para desarrollar de manera integral su labor editorial dentro y fuera del país.
Entre los cambios centrales, el decreto establece que el FCE queda autorizado para “editar, promover, exhibir, distribuir y, en su caso, comercializar libros, publicaciones y materiales editoriales en cualquier soporte”, lo que incluye tanto formatos impresos como digitales, y operaciones en territorio nacional e internacional. Esta disposición reconoce formalmente actividades que la institución ya venía realizando como parte de su expansión operativa.
El documento también destaca que, entre 2018 y 2025, el sello editorial impulsó diversas estrategias orientadas a democratizar el acceso al libro y la lectura. Entre ellas se encuentran el desarrollo de colecciones a precios accesibles, el crecimiento de la red de librerías públicas, la producción a gran escala de títulos impresos y digitales, así como la distribución de materiales editoriales en comunidades con limitado acceso a bienes culturales.
Otro aspecto relevante de la reforma es la incorporación definitiva al FCE de atribuciones que anteriormente correspondían a la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura. Con ello, se formalizan funciones editoriales y de fomento a la lectura que el organismo ya ejercía, como parte de un proceso de reorganización administrativa orientado a evitar duplicidades y fortalecer la coherencia de la política pública en la materia.
El fortalecimiento institucional del FCE se llevará a cabo bajo los lineamientos de “austeridad republicana”. El decreto precisa que no se contemplan ampliaciones presupuestales ni incrementos en el gasto de servicios personales, y que cualquier ajuste a la estructura orgánica deberá realizarse mediante movimientos compensados. Asimismo, el organismo contará con un plazo máximo de 90 días hábiles para adecuar su normativa interna a las nuevas disposiciones.