Todo el recinto del Museo y Centro de Interpretación Altamira pasa a convertirse en Zona Arqueológica tras publicarse el decreto del Ministerio de Cultura que cambia su categoría de Monumento; según recoge la norma oficial difundida en el Boletín Oficial del Estado, el nuevo estatus protege a todo el espacio considerado Bien de Interés Cultural; la cueva original ostenta el reconocimiento mundial de haber sido el primer lugar del planeta en el que se identificó arte rupestre del Paleolítico Superior.

La nueva consideración legal también se aplicará a la Casa de 1924, un edificio histórico ubicado junto a la cavidad que funcionó como el primer museo y vivienda del guarda; la estructura fue diseñada originalmente por el ingeniero Alberto Corral dentro de un plan de mejora que fue promovido en su época por el Duque de Alba; tras ser rehabilitado, el inmueble sirve actualmente como la sala de juntas del Patronato de la cueva de Altamira.

La famosa cavidad fue descubierta de manera fortuita por el lugareño Modesto Cubillas hacia el año 1868 en Santander; posteriormente, el científico Marcelino Sanz de Sautuola visitó el sitio y, durante una exploración en compañía de su hija María, la menor localizó las célebres pinturas polícromas de los bisontes; Sanz de Sautuola fue el primero en atribuir los diseños al periodo paleolítico, aunque su hipótesis fue recibida inicialmente con desconfianza por la comunidad internacional.

La validez del descubrimiento fue aceptada formalmente hasta que el prehistoriador francés Émile Cartailhac publicó un ensayo titulado Mea culpa de un escéptico; en dicho documento, el especialista reconoció su error inicial sobre la autenticidad de las pinturas rupestres en España; a partir de ese momento histórico, el sitio arqueológico recibió el reconocimiento global y el sobrenombre de la Capilla Sixtina del arte cuaternario por parte del arqueólogo Joseph Déchelette.

El cambio de categoría administrativa busca optimizar las tareas de conservación y gestión de los recursos dentro del área protegida por el Gobierno de Cantabria, la Fundación Botín y el Ayuntamiento de Santillana del Mar; la nueva delimitación territorial facilitará el desarrollo de proyectos de investigación científica avanzada en los alrededores del complejo; con esta medida jurídica, las instituciones reafirman su compromiso con la salvaguarda de este importante patrimonio de la humanidad.